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Taller concertado con mapfre

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O se cambia por..

El Gobierno Central no tendría trabas legales para implantar la prohibición de fumar en los coches particulares, una propuesta que baraja el Ministerio de Sanidad  y este taller de Mapfre que encabeza la asturiana María Luisa Carcedo como medida para combatir el tabaquismo, pero sería una medida ineficaz y las autoridades tendrían muchos problemas para realizar un seguimiento adecuado sin invadir la privacidad de los conductores.

 

La propuesta se puede analizar desde la vertiente de la lucha contra el tabaquismo, desde el ámbito de la seguridad vial y desde el prisma puramente legal. En el primer caso, el psicólogo Roberto Secades, director del Grupo de Investigación en Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo, precisa que, "desde un punto de vista teórico, la propuesta podría tener cierto sentido, porque una persona que echa muchas horas en el coche, si se cumple la medida, que veo muy difícil que se pueda controlar, son horas que no fuma. Tiene ese sentido preventivo, pero no todo lo que tiene efectos positivos sobre la salud es razonable incluirlo en una norma".

Secades incide en que la medida entraría en colisión con la lógica por la que se articuló, en 2006, la Ley antitabaco, y en especial la prohibición de fumar en espacios públicos: "No sigue esa lógica, porque el coche es un lugar privado. Por esa misma regla de tres, también podría prohibirse fumar en casa. Es muy discutible que los legisladores se puedan meter a regular el uso de una sustancia que es totalmente legal en un ámbito privado".

Seguridad vial

Desde la óptica de la seguridad vial, no hay datos que constaten que una eventual prohibición de fumar en los coches particulares pueda suponer un descenso en el número de accidentes de tráfico. "Ahora mismo no hay ninguna relación científica acreditada entre el fumar y los accidentes de tráfico. Y si entendemos que el fumar puede llevar a una distracción del conductor, entonces cualquier cosa puede llevar a distracción. ¿Vamos a aislar al conductor o a la conductora? Es una locura, estaríamos rayando la paranoia", sostiene Raimundo García Cuesta, presidente de la Asociación Española y de la Organización Internacional de Accidentología Vial.

García Cuesta, que es además agente de la Policía Local de Noreña, entiende que quizás desde un punto de vista sanitario la medida tenga más lógica, pero considera que en ese ámbito habría que calibrar también otras cuestiones: "¿Dónde está el límite de la privacidad y la libertad de cada uno? Es una cuestión muy complicada".

Legislación

Desde el punto de vista puramente legal, la prohibición de fumar se podría articular, aunque su seguimiento por parte de las autoridades sería difícil de llevar a la práctica. Así lo entiende Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo: "No existe un derecho constitucional a fumar. Sería equiparable a la obligación de llevar el cinturón de seguridad, o a la prohibición de hablar por el móvil. El problema que le veo es cómo controlas eso, porque dentro del coche puede haber una expectativa de seguridad, y tengo serias dudas de que un helicóptero o un agente puedan estar mirando dentro de un coche, grabando incluso el interior, para ver si alguien está fumando. Otra cosa sería que al pasar, un agente le viera, pero creo que se podría oponer el derecho a la privacidad".

A juicio de Villaverde, el debate no es tanto jurídico como de política legislativa: "A veces el legislador adopta decisiones que no tienen sustento en evidencias empíricas. El uso del móvil mientras se conduce puede provocar accidentes muy graves, tenemos la evidencia de que eso es así. Pero en este caso no existe esa evidencia. Ahora bien, el legislador no la necesita, y como constitucionalista no encuentro ningún motivo constitucional para oponerse a esa medida del Gobierno con la que puedo estar o no de acuerdo. Puede ser más o menos cuestionable, pero es parte del juego democrático: si no gustan las medidas del Gobierno, se le castiga en las urnas".

Descripción

Así lo ven los expertos en conductas adictivas, accidentología vial y derecho constitucional consultados por este periódico, que consideran que la medida sería «poco razonable».

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